¿Maira o Meléndez? Las opciones que corren con ventaja en La Moneda y la encrucijada que debe resolver con el Senado

Meléndez y Maira.

La Corte Suprema decidió integrar a la quina para encabezar el Ministerio Público a la abogada de la Universidad Católica y gerenta de atención a víctimas de la Fiscalía, Erika Maira. La jurista es vista con buenos ojos por el Ejecutivo, donde además sigue como alternativa la opción del fiscal Juan Agustín Meléndez. Sin embargo, en Chile Vamos molestaron los antiguos tuits de Maira contra la UDI y entre los senadores persiste la preferencia por Ángel Valencia y Carlos Palma, quienes ya estarían descartados por el gobierno.


Si ayer la Corte Suprema dio un mensaje de autonomía al optar por rellenar la quina de postulantes al cargo de fiscal nacional y no llamar a un nuevo concurso público -como le había pedido el Presidente Gabriel Boric a través de dos llamados al líder del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes-, esta mañana dio una señal que fue leída como una concesión a las aspiraciones oficialistas: incorporó entre las cartas que puede elegir el Mandatario a la abogada de la Universidad Católica y gerenta de atención a víctimas de la Fiscalía Nacional, Erika Maira.

Y el gesto no es menor, admiten en el gobierno, porque Maira siempre fue vista -al igual que Nelly Salvo- con buenos ojos por parte del Ejecutivo. Con su integración a la quina se termina, según las mismas fuentes, con la sensación de que la administración del Presidente Boric no se convencía con ninguna de las alternativas en carrera. Y si bien en las últimas horas La Moneda ha buscado desmarcarse de un supuesto favoritismo, en Palacio -bajo cuerdas- aseguran que hasta ahora el gobierno estaría entre nombrarla a ella o a Juan Agustín Meléndez, candidato que ha sido promovido por sectores de la DC, la UDI y RN.

El problema es que en la oposición, si bien no conocían a Maira, tras conocerse las críticas que ella expresaba en contra de la derecha, rápidamente salieron algunos senadores de Chile Vamos a remarcar que ella no se ajustaba al perfil requerido para dirigir el Ministerio Público.

Alianza por favor, no hagan el loco con Evelyn Matthei. No tiene control de impulsos y odia la maternidad, entre otras cosas. No queremos eso”, decía por ejemplo un tuit de 2013, que fue comentado entre las bancadas de la UDI y RN.

Maira también fustigó a la UDI en 2016, que entonces cuestionaba el papel de la fiscal Ximena Chong en la investigación contra el exsenador Jaime Orpis: “Ay Dios! La acusan por llevar bien la causa de Orpis. No les da vergüenza???”.

Por otro lado, para La Moneda también hay otros nombres de la quina que son complejos.

Luego de que el Senado rechazara los nombres de José Morales y Marta Herrera, el Ejecutivo interpretó aquellas votaciones como un intento por imponer al abogado Ángel Valencia, la carta que generaba mayor consenso en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

Sin embargo, en Palacio es claro que el penalista no tiene opciones de ser nombrado por el Jefe de Estado en esta tercera vuelta.

Según afirman miembros del gabinete, hay dos factores adicionales al “gallito” con los senadores que jugarían en contra de sus aspiraciones. Más allá de las aprensiones por su defensa en casos de delitos sexuales, en el gobierno aseguran que el hecho de que haya defendido a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el caso Publicam -que destapó una serie de delitos tributarios y venta de facturas falsas para financiar campañas políticas- es un tema sensible y es algo que no quieren reflotar. Quienes han conocido de las conversaciones del Ejecutivo con los senadores señalan que esa ha sido la respuesta cuando se consulta por qué Boric no nombra a Valencia.

El segundo factor, según las mismas fuentes, es el estrecho vínculo que Valencia tiene con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS). Según explican en Palacio, para La Moneda no sería presentable nombrar al amigo del senador por El Maule y quien es padrino de su hijo.

Pero no solo Valencia tendría un camino cuesta arriba. El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, tampoco tendría demasiadas opciones, pese a que en el Senado su nombre tiene algunos promotores. Y la razón, dicen en Palacio, es simple: el abogado está acusado por obstrucción a la investigación en el denominado Caso Huracán, por lo que nombrarlo sería dar una señal compleja para el gobierno. En el caso de Nayalet Mansilla, en tanto, en el Ejecutivo aseguran que no tiene ninguna posibilidad de obtener los 2/3, por lo que también estaría medianamente descartado que Boric se incline por ella.

Las tratativas

En La Moneda están conscientes que una buena parte de los senadores tiene su favorito (Valencia), y que, por lo mismo, las tratativas no serán fáciles.

La incorporación de la abogada a la quina, en todo caso, fue bien recibida en sectores oficialistas, desde donde destacan su liderazgo feminista y el aporte que ha hecho a la Fiscalía Nacional desde que ingresó en 2006.

“Tengo muy buenas referencias de ella, como la tenía de los dos candidatos anteriores (escogidos por el Presidente: José Morales y Marta Herrera) y espero que mis colegas no se dediquen a encontrarle los peros ”, dijo el senador José Miguel Insulza (PS), quien ha apoyado las dos propuestas fallidas de La Moneda para fiscal nacional.

“Tengo la mejor opinión de Erika Maira, como la tengo de todos los otros postulantes que ha seleccionado la Corte Suprema (...). Por eso, el nombre que el Presidente elija va a contar con nuestro respaldo”, dijo, a su vez, el senador Jaime Quintana (PPD).

No obstante, otro senador socialista, Gastón Saavedra, hizo una advertencia. Sin manifestar una opinión a favor o en contra de Maira, dijo que el Presidente debe “entender que no se trata de nominar a una persona para satisfacer los intereses de un sector político determinado, se trata de elegir a un fiscal o una fiscal para proteger la vida de las personas y para que haya justicia”.

Por su parte, el senador Matías Walker (Demócratas) subrayó que “ya no hay más espacio. No entiendo por qué el gobierno se esfuerza en nombrar a candidatos que no tienen los votos. Los nombres que generan consenso son Meléndez, Palma y Valencia”.

Maira postuló en la segunda nómina de 17 candidatos para reemplazar a Jorge Abbott. En ese proceso, donde fue la tercera más votada después de Meléndez y Mansilla, la jurista expuso un plan de reestructuración de la Fiscalía Nacional, destacando también sus logros en materia de violencia de género y reconocimiento de derechos en favor de las mujeres en la institución.

“(Tuve) la especialidad de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, también durante dos periodos fui dirigente de la Asociación Nacional de Fiscales, donde prioricé el trabajo de fortalecimiento de la institución y también de la protección de los derechos maternales de las fiscalas y también de las juezas, compareciendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la modificación del posnatal parental que tanto nos afectaba”, dijo en esa oportunidad, agregando su experiencia en la gerencia de atención a víctimas y un proyecto de innovación e inteligencia artificial para mejorar la protección de las mujeres víctimas de violencia de pareja.

Adicional a eso, entre los senadores oficialistas recuerdan que el Presidente Boric, desde un inicio, manifestó su preferencia porque sea una mujer la que lidere el Ministerio Público. No obstante, en La Moneda son cautos y aseguran que no pueden volver a arriesgarse y que el nombre propuesto por el Mandatario vuelva a caerse. Por eso, esta vez, señalan que buscarán nombrar a quien genere el mayor consenso, entendiendo siempre que la facultad para nombrar al fiscal nacional recae sobre el Mandatario y no sobre el Senado.

Además, no descartan que en la Cámara Alta pueda generar dudas la amonestación que Maira recibió en 2019, oportunidad en que fue sancionada por haber infringido la obligación de “obedecer las órdenes impartidas por su superior jerárquico”. Esto porque cuando fue nombrada en su actual cargo y dejó su puesto como fiscal adjunta en la Fiscalía Metropolitana Sur -cuando llevaba principalmente investigaciones por violencia intrafamiliar-, no hizo entrega del informe que debía emitir respecto del estado de las causas que llevaba ni tampoco del material recopilado, pese a que en reiteradas ocasiones se le solicitó.

En sus descargos, sin embargo, la jurista aseguró que sí tuvo la intención de enviar el informe solicitado, pero dado que no tenía equipo que le colaborara y como tenía alrededor de 850 causas a su cargo, no le habría sido posible.

“Una vez que llegue el oficio procederemos a requerir todos los antecedentes de esta candidata (Erika Maira). En lo personal, no la conozco, no tengo antecedentes respecto de ella, por lo tanto, haremos un estudio de los antecedentes”, dijo esta mañana la ministra Ana Lya Uriarte.

Mientras, la ministra Tohá manifestó inquietud ante la decisión de la Suprema de no convocar a un nuevo concurso. “A mí me genera preocupación”, dijo la titular de Interior, agregando que “estamos en un proceso de definición de fiscal nacional en que ha sido muy complejo... y creo que no podemos seguir en eso y no puede ser que la solución a eso sea que el Presidente de la República haga nombramientos que no considera que sean los adecuados”.

Por otra parte, reiteró su crítica a la forma en que ha actuado la Cámara Alta. “Acá hay una parte del Senado que cree que esto es al revés, que ellos deciden quién es el mejor nombre y se lo imponen al Presidente de la República, las personas que creen que así debe funcionar el sistema no han entendido la lógica que tiene”, dijo.

El turbulento proceso para buscar al próximo fiscal nacional ha dejado en entredicho a la ministra de la Justicia, Marcela Ríos, lo que se profundizó tras la filtración del telefonazo del Presidente a la Suprema. En el oficialismo reconocen que también han pagado costos Uriarte y Tohá. Pese a eso, serán ellas mismas las que tendrán que liderar las conversaciones con los senadores para -ahora sí- lograr los 33 apoyos que requieren para aprobar su nueva propuesta.

“Vamos a seguir en diálogo con el Senado y llamamos a los senadores a poner la seguridad de los chilenos y chilenas como el principal objetivo de este proceso”, sostuvo Ríos este martes. Asimismo, tomó distancia de Tohá y aseguró que “somos respetuosos de las decisiones que se han tomado”.

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